La oposición solicitó en los tribunales penales de la Provincia y de la Nación que se determine si hubo infracciones al Código Electoral Nacional, luego de la investigación de LA GACETA que reveló un aumento del 5.000% entre enero y marzo en los recursos para los planes sociales que entrega el Poder Ejecutivo a través de un sistema vigente hace 19 años.

Los candidatos a legislador por un acople de Vamos Tucumán, los radicales José Ricardo Ascárate y Jorge Mendía, presentaron denuncias ante el juez federal Daniel Bejas (con competencia electoral) y ante la fiscalía de Instrucción en lo Penal de turno en la Provincia para requerir la apertura de un expediente por una posible infracción al artículo 139 del Código Electoral Nacional. Entre otras acciones, esa normativa de aplicación supletoria a las leyes electorales provinciales contempla una pena de uno a tres años de prisión a quien “compeliere a un elector a votar de manera determinada”.

El planteo de los radicales, que en un borrador preveía la participación de la senadora Silvia Elías de Pérez (finalmente no rubricó el texto, según el documento enviado por ese espacio), pide una serie de medidas de prueba.

“La investigación se solicita por el delito de compra de voluntades, y/o por el tipo penal que surja de la investigación a realizarse”, señala la presentación. Y plantea que la situación lleva décadas. “Encontrándonos en las puertas de una nueva elección de cargos electivos en todo el territorio de la provincia advertimos con dolor que las prácticas clientelares parecerían reproducirse sin descanso, como desgraciadamente viene pasando desde hace más de 30 años y que ya pareciera que está instalada y avalada por las autoridades que deben controlar”, remarca el documento. Y advierte: “resulta reprochable toda conducta tendiente a incidir en la voluntad del votante mediante la utilización de sistemas de prebenda, en este caso directamente de dinero en efectivo cobrado a través de un banco”.

Reproches

El legislador Alberto Colombres Garmendia (PRO) criticó la gestión de Manzur, y consideró que “representa lo más bajo y denigrante de la política”. En ese sentido rechazó las ayudas otorgadas por el Poder Ejecutivo. “El nivel de obscenidad con el que se maneja el oficialismo es alarmante. Están desesperados y perdieron las mínimas formas, antes fueron los ‘mercaditos’ y ahora los ‘subsidios’. No tienen reparos ni vergüenza en jugar abiertamente con la necesidad de la gente para mantenerlos de rehenes, a merced de sus caprichos y amenazas”, sostuvo.

“Régimen fraudulento”

A la vez, el candidato a gobernador por el Frente de Izquierda y de los Trabajadores (FIT), Ariel Osatinsky, afirmó: “pasamos de las valijas de $ 615 millones de 2015 al aumento de 5000% en subsidios discrecionales de este año”. Y agregó: “jueces y fiscales puestos a dedo que también devuelven favores”.

El dirigente del FIT vinculó el aumento en los subsidios con el período electoral. “Los acoples, la compra de voluntades, son expresión de un régimen político fraudulento y que no ofrece ninguna salida a los trabajadores”, agregó.

Según el dirigente, Tucumán es la provincia con el segundo peor salario de todo el país, y está penúltima en el ránking de mayor empleo en negro. Ni (José) Alperovich, ni Manzur, ni tampoco (el presidente Mauricio) Macri y su Plan Belgrano, realizaron transformaciones estructurales que generen empleo genuino.